Fernando de la Rúa (Córdoba, 15 de septiembre de 1937) es un político argentino de la Unión Cívica Radical. Fue presidente de Argentina por la Alianza desde el 10 de diciembre

de 1999, sucediendo al segundo gobierno de Carlos Menem. Si bien su mandato se extendía hasta el año 2003, renunció al cargo el 20 de diciembre de 2001, en medio de numerosas

protestas sociales durante la crisis de diciembre de 2001 en Argentina. La consecuente acefalía presidencial obligó a la reunión de una Asamblea Legislativa que determinara

quién debía continuar ejerciendo el cargo, siendo reemplazado por Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y finalmente Eduardo Duhalde en el curso de unos pocos días.

Previo a la asunción de dicho cargo, fue el primer Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que reemplazaba la figura del Intendente.

Estudiante en el Liceo Militar, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba, a los 21 años, y con medalla de oro. Comenzó su carrera política en la Unión Cívica

Radical siendo bastante joven. Aunque había sido miembro del equipo de asesores del ministro del Interior Juan Palmero durante el gobierno radical de Arturo Illia, su primera

aparición política ocurrió en marzo de 1973 cuando se presentó por su partido como candidato a senador por la Capital Federal, siendo el único radical que pudo vencer al

justicialismo en ese año. Esta situación llevó a que Ricardo Balbín, tras la renuncia del presidente Cámpora y la convocatoria a nuevos comicios, lo eligiese como candidato a

vicepresidente en las elecciones presidenciales de septiembre de 1973. En dichos comicios, el binomio radical Balbín-De la Rúa logró el 24,3% por ciento de la adhesión popular,

muy por debajo del 61,9% que logró la fórmula del FREJULI Juan Domingo Perón-María Estela Martínez de Perón. De la Rúa fue Senador hasta marzo de 1976, cuando el Proceso de

Reorganización Nacional tomó el poder. En aquel momento abandonó la actividad política, y trabajó como abogado de la empresa Bunge & Born.

En 1983, al retornar la democracia, compitió por la candidatura presidencial de la Unión Cívica Radical con Raúl Alfonsín. De la Rúa, heredero del balbinismo centrista, fue

derrotado por quien luego sería electo presidente de la Nación. En las elecciones de 1983 que determinaron el acceso del radicalismo al Gobierno, De la Rúa fue candidato a

senador nacional por la Capital Federal, venciendo al postulante del justicialismo, Carlos Ruckauf. De la Rúa fue presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, votó en

contra de la ley de divorcio y algunos radicales creen que fue quien redactó la Ley de Punto Final y la de obediencia debida.

En 1989 se presentó como candidato para revalidar su banca y triunfó en las urnas con el 33,11%, pero el cargo le correspondió al justicialista Eduardo Vaca. Esto se debió a que

a pesar de haber tenido muchos menos votos, Vaca fue electo en el Colegio Electoral gracias a la alianza ente el Partido Justicialista y la Ucedé, triunfando con el voto clave

de María Julia Alsogaray. Pese a ello, en 1991 fue candidato a Diputado y el triunfo logrado en el bastión capitalino - donde además De la Rúa presidía el Comité Capital Radical

- lo llevó a la presidencia del bloque de Diputados de la UCR. En 1992 De la Rúa volvió al Senado ganando nuevamente en la Capital Federal con más del 50 por ciento de los votos

contra Avelino Porto.

El presidente Carlos Menem impulsó una reforma constitucional, a la cual el radicalismo se opuso en el Congreso. Luego de la victoria justicialista en las elecciones

legislativas de 1993 el gobierno menemista propuso realizar un plebiscito sobre el tema, aunque el mismo no podía ser vinculante. Antes de su concreción el ex presidente Raúl

Alfonsín se reunió en secreto con Menem y accedió a apoyar la reforma si la misma se realizaba bajo condiciones negociadas. Dicho acuerdo se conoció con el nombre de Pacto de

Olivos y permitió la Reforma de la Constitución Argentina de 1994. El radicalismo se dividió internamente entonces entre los que apoyaban la acción de Alfonsín y los que se

oponían al pacto y a la reforma. Fernando de la Rúa fue el principal dirigente de esta última corriente partidaria.

Fernando de la Rúa, candidato de la Alianza, fue electo presidente en las elecciones del 24 de octubre de 1999, y el justicialismo perdió la mayoría en la Cámara de Diputados.

La Alianza y su fórmula De la Rúa-Álvarez obtuvo el 48,5% de los sufragios, contra el 38,09% del binomio peronista Eduardo Duhalde-Ramón Ortega. En tercer lugar, con el 10,09%

de los votos, aparecía el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

La victoria de De la Rúa se debió al fuerte rechazo público hacia la figura de Carlos Menem, así como también al deterioro de la situación económica del país, que en 1999

terminaba con una caída del PBI de alrededor de 3,4 puntos porcentuales respecto al año anterior. El desempleo se acercaba al 14 por ciento, luego de haber alcanzado la cifra

récord de 18,6% algunos años antes, y la pobreza había sido triplicada en proporción a la existente antes de llegar Menem al poder. El país tenía serios problemas en materia

educativa y sanitaria, y la dirigencia política tenía una mala imagen pública. Además, el gobierno peronista dejaba un elevado déficit fiscal, con un rojo de más de 10 mil

millones de pesos, una deuda externa del orden de los 150 mil millones anuales con vencimientos de casi 25 mil millones en el año próximo, por lo que De la Rúa tomó severas

medidas de ajuste con el propósito de sanear las finanzas. El aumento impositivo decretado sobre las clases medias y altas hacia enero de 2000, fue parte de un paquete que

procuró en general mejorar la economía, así como atender deudas pendientes como el Fondo para el Incentivo Docente, pero esto resultó sin embargo insuficiente para resolver el

deterioro de las finanzas públicas.

Al asumir también se debió intervenir la Provincia de Corrientes que desde hace meses estaba en un grave conflicto político y financiero, con paros ininterrumpidos y la

destitución del Gobernador. La tarea le fue encomendada a Ramón Mestre que debió normalizar la situación provincial.

A lo largo del año 2000 el gobierno buscó controlar el gasto público, bajar las tasas internas de interés, mantener la estabilidad monetaria y financiera como había prometido en

la campaña electoral. El año finalizó con una leve baja del 0.5 % del PBI y con una desocupación del 14.7 % (datos del INDEC de octubre del 2000) así como mantuvo las reservas

internacionales en el orden de los 33 mil millones de dólares, mientras redujo el déficit fiscal en unos 5 mil millones de pesos.

Lanzó iniciativas como el Plan de Infraestructura que mediante acuerdos con los gobiernos provinciales y financiamiento privado buscaba realizar obras de caminos, agua y

vivienda en todo el país por 20 mil millones de dólares. La medida fue tomada por decreto ya que, según el ministro del interior Federico Storani, no había seguridad de qe el

Congreso sancionara la ley con la rapidez necesaria.

El gobierno de De la Rúa pidió ayuda complementaria al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los bancos privados para reducir la presión de la deuda externa. En diciembre de

2000, el ministro de Economía José Luis Machinea negoció un paquete de salvataje de cerca de 40.000 millones de dólares, conocido como Blindaje financiero. La apuesta era ganar

confianza y credibilidad en el exterior para así bajar los pagos de intereses y renovar más fácilmente los vencimientos.

En enero 2001 las reservas internacionales del BCRA habían alcanzado el récord histórico de 37.380 millones de dólares, el cual sería superado en el año 2007 durante el gobierno

de Néstor Kirchner.

En marzo de 2001, ya con desvíos en las metas presupuestarias del primer trimestre del año se produjo el alejamiento de José Luis Machinea del Ministerio de Economía y se nombró

para el mismo al hasta entonces ministro de Defensa Ricardo López Murphy, un economista respetado pero del ala más liberal del radicalismo que asumió con los objetvos de achicar

el gasto del estado y aumentar la recaudación fiscal. Sus proyectos para sanear la economía realizando un enorme ajuste del gasto público, retirando fondos de áreas como salud o

educación, chocó con una muy fuerte oposición popular, particularmente dentro del mismo Partido Radical y en sus brazos juveniles y universitarios. También puso en situación de

ruptura a la coalición gobernante ya que los miembros del Frepaso dentro del Gabinete anunciaron su renuncia luego de que fue presentado el programa económico. Debido a esto,

López Murphy se vio obligado a retirarse luego de apenas 16 días en el ministerio de Economía.

El gobierno de la Alianza recurrió a nombrar como Ministro de Economía a Domingo Cavallo, que ya había ocupado el cargo durante varios años del gobierno de Carlos Menem. Cavallo

llegó al cargo con el respaldo de la gran mayoría de la oposición del PJ, con un fuerte impulso de parte del líder del Frepaso, Carlos "Chacho" Álvarez y también desde los

medios financieros. Sin embargo, generó muchos recelos dentro del radicalismo, partido que aún cuestionaba al economista su actitud hacia el gobierno de Alfonsín en los momentos

más problemáticos de la etapa hiperinflacionaria en 1989.

Cavallo inició su gestión prometiendo un crecimiento anual del 5% e intentando rebajar impuestos distorsivos y reanimar la industria, en lo que se presentó como "Planes de

Competitividad". Se aprobó el impuesto a las operaciones bancarias y se efectuaron delegaciones de algunas de las atribuciones del poder legislativo en el poder ejecutivo. Sin

embargo, los mercados reaccionaron tan mal como los organismos internacionales de crédito. En julio de ese año, debido a la presión fiscal y la imposibilidad de normalizar la

economía, Cavallo viró hacia una fuerte ortodoxia económica. Para ello presentó un plan de "Déficit Cero", con un nuevo recorte general de gastos en la Administración pública

para evitar gastar más de lo que ingresaba en el Estado. La resistencia para obtener del Congreso la ley en cuestión fue muy grande, incluso dentro del radicalismo en los

sectores adherentes al alfonsinismo, pero De la Rúa la obtuvo pidiendo un esfuerzo tanto a los legisladores opositores como a los propios y a la población en general. Se

argumentaba que "si no hay arreglo, llega el caos". Esto tampoco ayudó, y el continuo ajuste contraía aún más la economía en el marco de un contexto internacional de recesión

regional y global, que tampoco ayudaba a la Argentina a crecer.

En noviembre, el gobierno de De la Rúa inició una reestructuración de los compromisos de la deuda externa, denominada "Megacanje". Hacia fines de ese mes, el agravamiento

inusitado de la situación económica, con inversiones que se alejaban debido a la complicada situación política, provocó desconfianza pública en el sistema financiero, por lo que

se produjeron fuertes retiros de depósitos bancarios. Para frenarlos, el ministro de Economía impuso restricciones que implicaban el congelamiento de los fondos depositados en

los bancos, medida conocida como el "corralito". Dicha medida fue altamente impopular y perjudicó todavía más a numerosos sectores de la economía argentina. El FMI, en tanto,

endureció su posición y se negó a enviar 1.260 millones con los que se había comprometido a colaborar en el marco del préstamo conocido como "Blindaje", argumentando que la

Argentina no habría cumplido sus compromisos de mantener el "déficit cero".

Hacia el 19 de diciembre, la situación social se volvió incontrolable, con saqueos y desmanes en los puntos más importantes del país. El Presidente llamó a la población a la

calma. La rebelión popular, en lugar de terminar, sumó el apoyo de la clase media, histórico bastión electoral del radicalismo. La misma se implicó por el congelamiento de los

depósitos bancarios. A la medianoche renunció el ministro de economía Domingo Cavallo.

El 20 de diciembre la Ciudad de Buenos Aires estaba bajo la acción de grupos piqueteros y militantes del PJ bonaerense levantando barricadas en el centro porteño, quemando

locales comerciales, saqueando bancos y destruyendo instalaciones públicas.

De la Rúa respondió decretando el Estado de Sitio en todo el país, lo cual ya habían solicitado públicamente algunos gobernadores como el bonaerense Carlos Ruckauf y el

santafecino Carlos Reutemann. En el Gran Buenos Aires el enfrentamiento entre comerciantes y saqueadores producía muertos mientras no se observaba acción de la policía

bonaerense. También se registraban decenas de muertos en Santa Fe y por la tarde, mientras De La Rúa renunciaba, hubo 5 muertos en la zona entre el Obelisco, Av. 9 de Julio y

Av. de Mayo. En el centro porteño la policía federal era desbordada, aunque lograba mantener la violencia fuera de la Plaza de Mayo.

Las confederaciones gremiales peronistas decretando una "huelga general por tiempo indeterminado", el Presidente perdió definitivamente el respaldo de la mayoría de su propio

partido, la Unión Cívica Radical, y aferrado al escaso sector radical que aún le respondía intentó convocar al justicialismo a un acuerdo de gobernabilidad, sumándose al

gobierno. El obvio rechazo del PJ decidió a De la Rúa a presentar su renuncia al Parlamento a las 19.45 horas del 20 de diciembre de 2001, cuando no había completado sino apenas

la mitad de su mandato constitucional.