El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas asumen, mediante un nuevo golpe militar, el poder. En su proclama se retomaban argumentos ya conocidos en nuestra historia de golpes

de Estado y dictaduras: "...agotadas todas las instancias del mecanismo constitucional (...) la imposibilidad de la recuperación del proceso por sus vías naturales, llega a su

término una situación que agravia a la Nación y compromete su futuro. Nuestro pueblo ha sufrido una nueva frustración. frente a un tremendo vacío de poder, capaz de sumirnos en

la disolución y en la anarquía (...) todo lo cual se traduce en una irreparable pérdida de sentido de grandeza y de fe."Así se iniciaba el autodenominado Proceso de

Reorganización Nacional, a la sazón, el período más luctuoso de nuestra historia nacional, con un gobierno encabezado por una Junta Militar compuesta por los comandantes de cada

fuerza: Jorge Rafael Videla (Ejército), Eduardo Emilio Massera (Armada) y Orlando E. Agosti (Fuerza Aérea). Dicha Junta procedería a designar al teniente general Videla como

nuevo presidente aunque manteniendo control efectivo del Estado de acuerdo a tercios de poder para cada Fuerza.

Entre sus primeras medidas la Junta Militar dispuso la caducidad de todos los mandatos políticos y toda función pública nacional y provincial, así como la de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación, y a través de la ley 21.256 se dispone el Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, el Poder Ejecutivo Nacional y la Comisión de

Asesoramiento Legislativo (CAL).

De igual modo, se disuelve el Congreso de la Nación, suspendidos los derechos y garantías individuales y prohibida la actividad de los partidos políticos, sindicatos,

instituciones empresariales y profesionales.

En los sucesivos días del asalto al poder se designó como ministro de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz, presidente de la empresa Acíndar y ligado al sector del

empresariado rural, quien tendría a su cargo un plan de reformas estructurales que modificaría de un modo definitivo la base económica nacional. A través de una concepción con

eje en los postulados económicos monetaristas surgidos de la conocida Escuela de Chicago de Milton Friedman, el nuevo equipo económico procedería a establecer un rumbo económico

con participación activa de los grandes grupos económicos, y sustentado fundamentalmente en la negación de todo esquema de movilización y ahogo de reclamo sectorial como recurso

para "despejar" al circuito económico de saturación de demanda. Poco a poco el aparato productivo nacional terminaría siendo variable de ajuste de un plan de reformas que

pondría el énfasis en la más absoluta especulación financiera, inusitada fuga de capitales y endeudamiento externo.

En tal sentido, pasó a ser patrimonio de la dinámica social un incesante cierre de unidades productivas, a la luz de una apertura económica sin precedentes, que inmediatamente

permitiría el ingreso de infinidad de bienes de consumo de origen extranjero juntamente con un inusitado peregrinar turístico de argentinos en el exterior. Pero no serían los

únicos argentinos en el exterior. Una infinidad de individuos, no ya por placer, sino producto de la necesidad de preservar sus vidas, partirían a un obligado exilio como

consecuencia de la cacería humana en la que se había transformado la Argentina.

De acuerdo a la firme convicción de desterrar definitivamente al "flagelo de la subversión apátrida", el régimen militar desplegaría una política represiva plasmada en el más

absoluto terrorismo de Estado de la historia, el cual no sólo tendría como foco a numerosas dependencias, unidades y personal militar, sino además a auténticas organizaciones

paramilitares en las que una parte considerable de aquellos que habían sido previamente reclutados desde la Triple A encontrarían cobijo, misión y financiamiento. 

Mientras un exacerbado individualismo generalizado, y puesto de manifiesto a través del "no te metás", el "yo, argentino", o el "por algo será" como argumentos de base rectores

en términos sociales, una persecución sin precedentes quedaría liberada de todo tipo de condicionamiento. A través de los temibles "Grupos de Tareas", miles de argentinos serían

condenados a la desaparición, la tortura, y -los más afortunados- a la prisión, en calidad de "a disposición del Poder Ejecutivo". Desde el Estado, centro de despliegue de la

mayor acción terrorista, la hipocresía alcanzaría su máxima expresión. Infinidad de personas deambularían diariamente por diferentes despachos oficiales en busca de información

de familiares abruptamente ausentes, encontrando solo al silencio como respuesta. Simultáneamente, auténticas bandas armadas, con autonomía logística y de gestión irrumpían

violentamente en cualquier ámbito, capturando individuos que irían a parar a centros clandestinos de detención. La Escuela de Mecánica de la Armada, junto a otros lugares de

tormento y ejecución, como El Olimpo, El Club Atlético, Automotores Orletti, El Pozo de Banfield, La Perla y tantos otros, oficiarían como auténticos campos de concentración

donde infinidad de argentinos encontrarían la más despiadada tortura, humillación y muerte, y en donde una infinidad de niños, muchos nacidos en cautiverio, serían literalmente

arrancados de su seno familiar.

Es lógico suponer que frente a tal ofensiva, el accionar de las organizaciones terroristas menguara ostensiblemente, considerando -además- que gran parte de su capacidad de

despliegue había sido neutralizada durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, y que numerosos miembros de las cúpulas de tales organizaciones habían logrado huir

al exterior. Sin embargo, desde los medios de comunicación, una acción psicológica furibunda, destinada a subordinar a la población a la más profunda inacción, informaba día a

día de supuestos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y células terroristas, restando capacidad informativa a toda expresión condenatoria. 

Pero la condena internacional era lo suficientemente elocuente como para que tamaño despliegue de violencia y terror pudiese permanecer solapado. A las incesantes denuncias por

violación a los derechos humanos provenientes de Europa, se sumaría el accionar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos promovido por la administración del presidente

demócrata Jimmy Carter desde los Estados Unidos -que marcaba un drástico cambio de la política exterior norteamericana respecto a su antecesor Gerald Ford a partir de enero de

1977- y que imponía una drástica reducción de ayuda militar y bloqueo de créditos. Videla, por su parte, intentaría minimizar el conflicto, aunque sin desactivar su política

represiva. Al tiempo que procedería a recibir a los integrantes de la citada Comisión, ordenaría incentivar la acción psicológica sobre la base de argumentos respaldados en una

peculiar interpretación de la defensa de la soberanía nacional. "Los argentinos somos derechos y humanos" sería el slogan que inundaría el escenario social, junto al aporte de

numerosos comunicadores sociales, y sobre la base de nutrir la cuestión con criterios deportivos. Es que la Argentina era la sede para la celebración del Mundial de Fútbol de

1978, evento que sería utilizado para legitimar al régimen dictatorial.

El año 1978, además de la celebrada conquista de la Copa Mundial de Fútbol, acarrearía a la dictadura un imprevisto conflicto internacional. Regímenes que en su origen habían

compartido objetivos y fundamentos ideológicos, abruptamente vieron deteriorar ostensiblemente sus relaciones bilaterales. A la acción coordinada del combate contra el

terrorismo entre Argentina y Chile, con la Doctrina de Seguridad Nacional como fuente de justificación ideológica, se pasó abruptamente a una progresiva escalada de

hostilidades, con motivo de las históricas disputas en materia de delimitación territorial. Hacia fines de ese año, ambos regímenes comenzaron a desplegar una significativa

moviliación de tropas y pertrechos militares en diversas zonas fronterizas que auguraban el enfrentamiento bélico. Cuando las diferencias parecían inconciliables y la guerra

inevitable, una mediación promovida desde el Vaticano por el Papa Juan Pablo II, y encomendada al Cardenal Samoré, lograría suspender la confrontación, la cual sería

definitivamente resuelta años más tarde por vía diplomática, y mediante un mecanismo de Consulta Popular promovido por el gobierno democrático de Raúl Alfonsín.

Durante 1979 y 1980 el deporte seguiría explicitando la política exterior. Así como el triunfo del Seleccionado Juvenil de Fútbol en la Copa Mundial de 1979 volvería a agitar la

cuestión del nacionalismo y la argentinidad, los Juegos Olímpicos celebrados en 1980 en Moscú, constituirían una especie de indicador en lo que respecta a las desavenencias

entre los Estados Unidos y la Argentina, que violaría el bloqueo económico impuesto como consecuencia de la sanción dispuesta por la invasión soviética en Afganistán.

Pese al poder que disponía Jorge Rafael Videla como presidente de facto, las desinteligencias entre éste con los comandantes de las otras fuerzas, y con sus propios camaradas de

armas estuvieron siempre presentes aunque determinadas por el curso de los acontecimientos y las propias especulaciones de los actores involucrados. No obstante, completaría el

plazo de gobierno impuesto por decisión de la Junta Militar, finalizando sus cinco años de mandato, y siendo sucedido por el general Roberto Eduardo Viola en marzo de 1981.