Raúl Ricardo Alfonsín nació en la localidad bonaerense de Chascomús, el 12 de marzo de 1927, siendo el hijo mayor de seis hermanos del matrimonio de Ana Foulkes y Serafín
Alfonsín. Su bisabuelo materno, inmigrante galés, participó de la revolución de 1893 encabezada por Hipólito Yrigoyen. Uno de los hijos, el abuelo de Raúl, fue concejal radical
de Chascomús de 1928 a 1930. Su padre, español de origen, lo hizo partícipe de los ideales republicanos durante la Guerra Civil Española. Cursó la escuela primaria en su pueblo
y la secundaria en el Liceo General San Martín.
Inició la lucha partidaria en 1945 en la Unión Cívica Radical, mientras estudiaba abogacía en la Universidad de Buenos Aires. Ya abogado, en 1950, con Lorenza Berreneche, con
quien tuvo seis hijos.
En 1954, el pueblo de Chascomús lo eligió concejal y en 1955, presidente del radicalismo en su ciudad. En 1958 fue diputado provincial y en 1963, durante el gobierno de Arturo
Illia, diputado nacional y vicepresidente de su bloque en la Cámara Baja. En 1965 fue designado presidente del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Después del golpe
militar en 1966, fundó la línea interna de la Unión Cívica Radical, "Renovación y Cambio".
En septiembre de 1973, en Rosario, nace la línea radical "Movimiento Renovador Nacional", proclamando la fórmula Raúl Alfonsín-Conrado Storani. Su aspiración para el país: el
carácter "nacional, popular, democrático y liberador", constituyendo el ala izquierda del radicalismo.
En 1973, en Chascomús, se lanza su precandidatura a la presidencia de la Nación. Enfrenta a Ricardo Balbín en las elecciones partidarias, obteniendo la minoría.
Durante la dictadura militar, Raúl Alfonsín llevó a cabo una ardua labor profesional en el campo de los derechos humanos, como abogado de numerosos perseguidos políticos, y como
co-fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
A la muerte del histórico líder radical Ricardo Balbín, en 1981, una nueva línea de dirigentes jóvenes radicales apoyó el cambio y la transformación del tradicional discurso
radical, programa que se institucionalizaría más tarde con la consolidación de la conducción alfonsinista. Los grandes lineamientos del nuevo radicalismo tenían como objetivo
lograr el desarrollo del país en forma integral para una sociedad mejor, con un Estado con la fuerza necesaria para actuar e imponer decisiones. Entre sus aspectos más generales
se proponía lo siguiente:
La democracia política es una condición fundamental donde el Estado deberá orientar el proceso de desarrollo nacional poniendo énfasis en el proteccionismo económico pero
caracterizado por una mínima intervención en la vida pública.
El programa de inversiones, en lo económico, se realizará sobre la base de la capitalización que resulte de la capacidad de ahorro interior y de una selectiva utilización del
capital extranjero.
La instrumentación política del programa nacional se efectuará sobre la base de fortalecer al Estado para que pueda actuar.
En 1982, en medio de la euforia colectiva relacionada a la "recuperación" de las Islas Malvinas, Raúl Alfonsín fue uno de los pocos dirigentes de relevancia nacional que se negó
a participar de un acto político realizado en las Islas, y en el que participaron dirigentes de todo el espectro ideológico. Desde su inicio, consideró a la guerra como una
demencial aventura.
La campaña electoral
Una vez admitida la derrota militar, y con la renuncia la Junta Militar, el general retirado Reynaldo Bignone, que había sido nombrado presidente por el comandante en jefe del
Ejército, general Cristino Nicolaides, recibió instrucciones precisas en 1982 de la nueva Junta Militar integrada: buscar con los partidos políticos el retorno al orden
constitucional. Frente al proceso de reapertura política, Alfonsín lanzó en repetidas ocasiones una expresa convocatoria para conformar alrededor del radicalismo un gran
movimiento nacional invitando a diversos líderes populares.
Raúl Ricardo Alfonsín fue uno de los primeros líderes políticos que salió a la arena política. El 16 de julio de 1982, realizó, en la Federación Argentina de Box, un importante
acto donde el público lo siguió en su discurso con fervor y entusiasmo político.
Los actos políticos se multiplicarían. El 7 de diciembre de 1982 el jefe del Movimiento de Renovación y Cambio de la UCR, congregó más de 30.000 personas en el estadio Luna
Park. El futuro presidente había dado los primeros pasos para ganar "la interna radical". Frente al júbilo y la esperanza por la recuperación democrática, muchísimos argentinos
procederían a afiliarse a los partidos políticos. La figura de Alfonsín, lograría "desbordar" los comités partidarios, con gente que espontáneamente solicitaba afiliarse a la
Unión Cívica Radical. Es que la figura de Alfonsín representaba un programa progresista que rápidamente alcanzaría gran popularidad, transformándose en el eje sobre el cual se
volcarían amplios sectores que esperaban un cambio de estructuras, pero sin cambios violentos.
Desde comienzos de 1983, Alfonsín lograría consolidarse como candidato frente a otros candidatos tales como: Antonio Tróccoli, Juan Carlos Pugliese, y Luis León. Quedaba dirimir
la puja electoral con la llamada Línea Nacional, que proponía la candidatura de Fernando De la Rúa, para lo cual se convocaron a elecciones internas para el invierno de ese año.
Alfonsín lograría imponerse en todos los distritos. En la Capital Federal, considerado como bastión de la Línea Nacional, Alfonsín ganaría en 27 de las 28 circunscripciones
electorales. El 29 de julio el Comité Nacional lo nombraría presidente del partido.
Dos días después, el 31, la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical lo proclamaría como candidato a la Presidencia de la Nación secundado por el entonces poderoso
radicalismo de Córdoba, a través de su compañero de fórmula Víctor Martínez.
Dentro de sus consignas programáticas se incluía la firme decisión de construir una democracia pluralista, con el compromiso expreso de democratizar los sindicatos y
profesionalizar las Fuerzas Armadas para terminar con el autoritarismo. Todo ello cobraría más intensidad a partir de la fuerte denuncia que Alfonsín formulara públicamente en
relación a un acuerdo cupular entre los dirigentes tradicionales del sindicalismo justicialista, con la cúpula militar. Aunque no existieron pruebas categóricas que dieran fe de
tal denuncia, el alto nivel de credibilidad del denunciante, junto a tribulaciones no menores del justicialismo se encargarían de legitimar la denuncia, como la negativa a
considerar nula la llamada ley de autoamnistía propuesta por el régimen militar saliente.
Durante toda la campaña electoral, Alfonsín apelaría a un recurso tan noble como efectivo: todos sus discursos finalizaban recitando textualmente al Preámbulo de la Constitución
Nacional, a modo de credo colectivo. A la contundente consigna "¡Ahora Alfonsín!" se sumaba otra igualmente efectiva: "Somos la Vida".
Mientras el radicalismo se mostraba ante la sociedad como monolíticamente unido, el justicialismo, evidenciaba gruesas contradicciones. La lucha por las candidaturas había sido
despiadadamente encarada, con episodios de discrecionalidad y dura puja no posibles de disimular ante la opinión pública. Un ejemplo de ello había ocurrido en la provincia de
Buenos Aires. El dirigente justicialista Herminio Iglesias utilizó cualquier "maniobra" para desalojar a Antonio Cafiero como contrincante. Por otra parte, sus declaraciones
poco afortunadas no tardarían en asimilar su figura con un autoritarismo del que la sociedad civil nada quería saber. Es que a pesar de los años transcurridos; a pesar del dolor
de tantos muertos y desaparecidos, el justicialismo no evidenciaba signos de haberse renovado, ni de haber hecho una profunda autocrítica en relación a los sucesos de los años
'70, durante los gobierno del general Perón, y el de su esposa, María Estela Martínez de Perón.
No obstante, la campaña electoral se desarrollaría intensamente con pronóstico abierto. Alfonsín y Lúder llevarían a cabo numerosos actos multitudinarios, que suponían una
elección muy reñida. Pero mientras los actos de Alfonsín se caracterizaban por la algarabía y el orden, los actos de su oponente quedarían mancillados por el disturbio y
episodios de violencia, como el organizado en el estadio del Club Atlético Vélez Sarsfield por los sindicatos agrupados en las 62 Organizaciones.
Llegarían los actos de cierre. Alfonsín en un acto organizado en la Avenida 9 de Julio, reuniría alrededor de 1.000.000 de fervorosos asistentes, cerrando así su campaña en la
Capital Federal. Para concluir su gira proselitista elegiría a la ciudad de Rosario, baluarte del peronismo, donde el radicalismo no ganaba una elección desde la presidencia de
Yrigoyen, mientras el justicialismo colmaba también la 9 de Julio en un acto en el cual Herminio Iglesias quemaría un ataúd con los colores de la UCR. Ese cierre de campaña del
justicialismo, a sólo dos días del acto comicial, y las imágenes reflejadas por la televisión mostrarían al candidato a presidente, Ítalo Argentino Lúder desbordado por los
desmanes, gritos e iracundia de muchos de los manifestantes. El efecto causado aumentaría aún más el caudal de votos del presidente del Comité Nacional del Radicalismo.
Las elecciones
El 30 de octubre de 1983, a las 8 de la mañana, se llevaron a cabo los comicios con absoluta normalidad. El recuento de votos arrojaría un 52% de los sufragios al binomio
Alfonsín-Martínez contra algo más del 40% de la fórmula justicialista Lúder-Bittel. Los dos partidos mayoritarios reunirían casi el 92% de los sufragios. Los demás, en conjunto,
el 8%.
El 28 de noviembre se reunió el Colegio Electoral, obteniendo la fórmula radical 336 electores y el peronismo 247. El 10 de diciembre, Raúl Alfonsín asumía la presidencia de la
Nación. Sería el triunfo de un programa moderado, reformista y conciliador.
En las elecciones de 1983, por primera vez, el Partido Justicialista fue derrotado limpiamente sin ningún fantasma que agitar en términos de proscripción. Los dos partidos
mayoritarios mostraron la voluntad de los votantes de ubicarse en el centro del espectro político, asegurando posiciones moderadas, afines a las aspiraciones de la clase media.
El radicalismo triunfó en la Capital Federal con el 64,2% y en ocho gobernaciones: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Mendoza, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego. El
peronismo logró doce gobernaciones: Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, San Luis, La Pampa y Santa Cruz.
En Corrientes ganaría el Pacto Autonomista-Liberal; en Neuquén, el empuje de los hermanos Sapag, y en San Juan el bloquismo. En la Cámara de Senadores la oposición justicialista
obtuvo la mayoría con 23 cargos; 18 el radicalismo; el partido Bloquista de San Juan, el Movimiento Popular Neuquino y el Pacto Autonomista-Liberal, 2 bancas cada uno, y el MID
(Movimiento de Integración y Desarrollo) una.
En la Cámara de Diputados, el radicalismo alcanzó 129 bancas y el justicialismo 111, otros ocho partidos completaban el número de legisladores.
El gobierno
El 10 de diciembre asumió el presidente Raúl Ricardo Alfonsín, bajo un clima de auténtica algarabía cívica. En el recinto estuvieron presentes varios presidentes
latinoamericanos, jefes de gobierno de otros países, y dos ex-presidentes argentinos depuestos por golpes militares: Arturo Frondizi y María Estela Martínez de Perón.
En la ceremonia, en el Congreso Nacional, expresó el primer magistrado: "Nuestro gobierno no se cansará de ofrecer gestos de reconciliación indispensables desde el punto de
vista ético. Sin la conciencia de la unión nacional será imposible la consolidación de la democracia. El país está enfermo de soberbia y no está ausente del recuerdo colectivo
la existencia de falsos diálogos que, aún con la buena fe de muchos protagonistas, no sirvieron para recibir idas ajenas y modificar las propias. Y hemos entendido que hay
fuerzas poderosas que no quieren la democracia en la Argentina. Sabemos que la reivindicación del gobierno del pueblo, de los derechos del pueblo para elegir y controlar el
gobierno de acuerdo con los principios de la Constitución, plantea una lucha por le poder en la que no podemos ni debemos bajar los brazos, una lucha que vamos a dar y en la que
vamos a triunfar. Teníamos una meta: la vida, la justicia y la libertad para todos lo que habitan este suelo. Tenemos un método: la democracia para la Argentina. Tenemos un
combate: vencer a quienes desde adentro o desde afuera quieren impedir esta democracia. Tenemos una tarea: gobernar para todos los argentinos, sacando al país de la crisis que
nos agobia.
Inmediatamente finalizado el acto de asunción en el Congreso de la Nación, el flamante presidente se dirigió junto a su esposa y el vicepresidente Víctor Martínez al histórico
Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, donde volvería a hacer uso de la palabra frente a una multitud de ciudadanos que colmaron la Plaza de Mayo.
En el orden institucional es de destacar que las provincias, al tener poder constituyente originario y derivado, pudiendo darse un ordenamiento jurídico y tener la capacidad de
reformar total o parcialmente su constitución (artículo 5to. de la Constitución Nacional), pudieron hacer uso de ese derecho acomodando los nuevos preceptos jurídicos del
constitucionalismo social, tales como: real y efectivo goce de los derechos personales a través de una más justa distribución de la riqueza, derecho de propiedad y posibilidades
culturales y materiales.
La gestión de gobierno comenzó con gran entusiasmo y labor. Tan sólo unos días después de asumir la presidencia, Alfonsín decretó la sumisión de los militares ante la Justicia
Ordinaria, quedando los fueros militares supeditados a su resolución. Se trataba de actuar con celeridad en relación a la promesa de enjuiciamiento de todos aquellos
responsables de actos de terrorismo de Estado conforme a tres niveles de responsabilidad: los responsables máximos, los jefes con capacidad de impartir órdenes y los
subordinados que acataron las mismas.
En sintonía con lo anterior se avanzó sobre iniciativas políticas vinculadas al respeto irrestricto por los derechos humanos. El 15 de diciembre de 1983 se creó la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), presidida por el escritor Ernesto Sábato y que contó como secretaria con la profesora Graciela Fernández Meijide. La
Comisión sería la encargada de elaborar el informe conocido como Nunca Más, publicado por EUDEBA en septiembre de 1984, y donde se dan testimonio a los cerca de 30.000 casos de
tortura, asesinatos y desapariciones de personas cometidos por el terrorismo de Estado de la dictadura militar entre 1976 y 1983.
La política educativa alcanzó su primera etapa con el decreto 154 del año 1983, por el cual se intervenían las universidades nacionales para normalizarlas, debiendo cumplirse
dicho cometido en el plazo de un año. Dicha normalización parecía quedar concluida, con la ley 23.115, en septiembre de 1984. El 25 de enero de 1984, se reabrió la Universidad
Nacional de Luján, que había sido cerrada por el Proceso militar y se derogaron los exámenes de admisión en la Universidad de Buenos Aires, de acuerdo a los postulados de
educación pública, laica y gratuita.
A pesar del alto grado de consenso colectivo, el gobierno fue tempranamente víctima de un duro revés político con eje en el Parlamento. El proyecto de ley preparado por el
ministro de Trabajo Mucci a requerimiento del presidente, sobre el reordenamiento y la democratización sindical fue rechazado por el Senado, con mayoría justicialista.
En política exterior se afirmó la adhesión al Movimiento de Países No Alineados. Se defendió la integración de Latinoamérica, la no intervención en asuntos internos de los
países. El gobierno se pronunció a favor del desarme, el uso pacífico de la energía nuclear, y la adhesión al Pacto de San José de Costa Rica, garantizando la plena vigencia y
respeto de los derechos humanos. Durante el primer año de gobierno, Alfonsín decidió resolver rápidamente las históricas diferencias limítrofes con Chile que habían amenazado
con la guerra en 1978. Para ello, se optó por celebrar una Consulta de carácter popular que constituyó una auténtica innovación en materia de participación política. La misma se
encontró reflejada en el decreto 2.272 del 25 de julio de 1984. La celebración de la misma arrojó como resultados: por el Sí, el 81,13% (a favor de un acuerdo diplomático); por
el No, el 17,24%. A pesar de que finalmente se logró el respaldo parlamentario, hasta último momento la Convocatoria corrió el riesgo de ser rechazada por el Senado.
El 28 de septiembre de 1984, se sancionó la ley de Habeas Corpus Nº 23.098. Es interesante recordar que el proyecto de esta ley fue presentado por el senador Fernando De la Rúa,
por lo que se lo conoce con su nombre. El proyecto, que sufrió modificaciones, establece que es aplicable el derecho del Habeas Corpus en los casos en que sea denunciada una
acción represiva por parte de la autoridad pública. También se promulgó la ley de divorcio vincular 23.515, el 8 de junio de 1987.
El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP entregó al presidente su informe. Eran 50.000 páginas en las que se acusaba a más de 1.300 militares de las fuerzas de seguridad de haber
"secuestrado, torturado y asesinado a miles de seres humanos". Unos 70.000 manifestantes acompañaron a Plaza de Mayo a los miembros del organismo cuando entrevistaron a Alfonsín
en la Casa de Gobierno.
El 30 de septiembre de 1984 se sancionó la Ley 23.114 por la que se convoca a la realización de Segundo Congreso Pedagógico, una experiencia por la cual diversos sectores de la
sociedad civil contaron con un ámbito específico para discutir y delinear iniciativas tendientes al mejoramiento y modernización del sistema educativo argentino.
Como organismo de carácter consultivo se creó el Consejo para la Consolidación de la Democracia, organismo asesor del presidente en proyectos de largo plazo, que presentó
diversos dictámenes, estudios e informes. Uno de los más estudiados sería el concerniente a la reforma constitucional, que quedaría sepultado en 1987.
En lo que respecta a la política económica, la dictadura había dejado al país empobrecido, sin aparato productivo y la especulación financiera monopolizaba el quehacer
económico. En este sentido se decidió actuar con firmeza y celeridad, aunque los resultados no serían los esperados. A la luz de la historia, hubo tres momentos en términos de
política económica (la gestión Grinspun, la gestión Sourrouille, y el descalabro económico posterior a la renuncia de éste). No obstante, los tres momentos contaron con un
contexto semejantes: una profunda crisis producida por la abultada deuda externa, los dilemas emergentes de una lucha contra una inflación económica difícil de controlar, y la
inestabilidad y presiones en el campo financiero, monetario y empresarial.
La política del ministro de Economía, Bernardo Grinspun, se caracterizó por el fuerte control tarifario a fin de evitar variaciones significativas en las tarifas públicas, en el
tipo de cambio, en los salarios, en las tasas de interés, y en los precios de los artículos de consumo. Tuvo además una decidida acción vinculada a promover acciones comunes
entre los países latinoamericanos, en relación al problema del endeudamiento externo. Para ello Grinspun fue parte activa en la organización de lo que se conoció como el "Club
de Deudores", cuyo avance más signifativo sería el Consenso de Cartagena. Las presiones de Estados Unidos, sin embargo, no tardarían en dejar estas iniciativas sin efecto.
La inflación no daba respiro. Nada de lo que surgía del ministerio de Economía parecía capaz de modificar la situación. Las presiones corporativas no cesarían en condicionar al
gobierno, lo que sumado a la singular personalidad del ministro hacían suponer la existencia de un círculo vicioso del que no se podía salir.
En el primer trimestre de 1985, la situación continuó agravándose. Frente a tal estado de cosas Alfonsín decidió reemplazar al equipo económico. Bernardo Grinspun sería
remplazado por Juan Vital Sourrouille un economista allegado a los sectores alfonsinistas y enrolado en los postulados de la CEPAL, que fue convocado para el desarrollo
inmediato de un plan económico con eje en el incremento de las exportaciones y aumento de las inversiones.
En el mes de mayo el presidente convocó a una movilización popular en la Plaza de Mayo. Allí plantearía que la situación económica del país era extremadamente aguda, y por ello
resultaba preciso establecer enormes sacrificios en una suerte de "economía de guerra". Comenzaba asía a aplicarse lo que se conoció como el Plan Austral. A pesar del carácter
innovador del plan, el panorama internacional continuaría presentándose como fuertemente adverso y condicionante, fundamentalmente en relación a la necesidad de incrementar
exportaciones.
Con la aplicación del Plan Austral, apareció una nueva moneda, el austral, equivalente a 1.000 pesos argentinos (decreto 1.096 del 14 de junio de 1985). El cambio dio lugar a un
sinnúmero de discusiones de juristas que lo consideraron anticonstitucional. Para políticas de deudas diferidas se aplicaría una política de desagio acompañada por un plan de
"ahorro forzoso" orientado fundamentalmente a los sectores de mayores recursos, y que traería una fuerte oposición por parte de los mismos.
El 5 de agosto, se autorizó a YPF a convocar a concurso público internacional para la exploración y explotación del petróleo. Dicha iniciativa política fue conocida como el Plan
Houston, dado que Alfonsín lo lanzaría desde esa ciudad durante una visita a los Estados Unidos donde polemizaría fuertemente con el entonces presidente Ronald Reagan. El
impulso deseado al desarrollo petrolero argentino para lograr su autoabastecimiento no llegó a concretarse. En febrero de 1986, se conoció un programa de privatizaciones de
empresas públicas.
También durante 1985 se daría inicio a uno de los actos de gobierno más significativos de la gestión de Alfonsín. El 22 de abril de 1985 se inició el proceso a los integrantes
de las tres primeras juntas militares desde 1976. En lo que fuera un auténtico ejemplo a nivel mundial, era la primera vez en la Argentina que ocurría un proceso de estas
características, donde los más altos jefes militares eran juzgados por graves violaciones a los derechos humanos. El juicio había comenzado el 23 de abril de 1985 y se
prolongaría hasta el 21 de octubre del mismo año. La Corte Suprema de Justicia, integrada por José Severo Caballero, Augusto Belluscio, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Jorge
Bacqué, confirmaría un año más tarde y por unanimidad la sentencia que había dictado la Cámara.
Según la misma, los ex titulares del Ejército, Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola, fueron condenados a reclusión perpetua y a dieciséis años y seis meses de prisión,
respectivamente. Los ex jefes de la armada, Emilio Eduardo Massera y Armando Lambruschini, fueron penalizados con prisión perpetua y ocho años de prisión, respectivamente. Por
su parte, el ex jefe de la Fuerza Aérea, Orlando Ramón Agosti, fue condenado a tres años y nueve meses de prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Respecto a los integrantes
de la última dictadura militar, éstos fueron sentenciados por su responsabilidad en homicidios (en algunos casos seguidos de muerte), en privaciones ilegales de la libertad y en
robos. Al igual que lo había hecho la Cámara Federal, la Corte Suprema de Justicia absolvió, en relación con los delitos que el Poder Ejecutivo dispuso investigar mediante el
Decreto 158/83, a los brigadieres generales Omar Domingo Rubens Grafigna y Basilio Arturo Lami Dozo -Fuerza Aérea-, al teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri -Ejército- y
al almirante Jorge Isaac Anaya -Armada-. Lamentablemente, la cabal demostración de justicia sería echada por tierra en 1990. Un decreto del presidente Carlos Saúl Menem,
beneficiaría a los condenados con el indulto presidencial, juntamente con los responsables de las organizaciones terroristas como Mario Eduardo Firmenich, otorgándoles
inmediatamente la libertad pese a gruesas convocatorias populares en rechazo de ello.
En lo que respecta al panorama sindical, el rechazo a la ley de reordenamiento y democratización sindical insuflaría los ánimos de los líderes de la ortodoxia sindical. Tanto a
nivel de la Confederación General del Trabajo (CGT), como de las 62 Organizaciones Peronistas, la política sería de franco hostigamiento y oposición visceral. Al carecer de
oposición y control efectivo en ocho de los diez sindicatos donde se elegirían autoridades triunfarían expresiones propias del sindicalismo peronista. Las demandas y los
conflictos se incrementarían exponencialmente a través de diversas manifestaciones de un plan de lucha protagonizado por el líder cervecero Saúl Ubaldini y el dirigente
metalúrgico Lorenzo Miguel. Trece fueron las huelgas generales, protagonizadas por los sindicatos de metalúrgicos, obreros de la construcción, mecánicos, ferroviarios y
petroleros. Desde el 7 de noviembre de 1986, cuando el líder cervecero Saúl Ubaldini fue elegido secretario general de la central obrera, la lucha contra le gobierno fue
permanente.
Pese a los inconvenientes emergentes de la economía, la situación del gobierno continuaría favorable en términos de aceptación colectiva. En el mes de noviembre de 1985, se
realizaron las elecciones nacionales que darían inicio a la exigencia constitucional en términos de renovación parlamentaria para la Cámara de Diputados, ya que en esos años la
elección de Senadores era en forma indirecta, a través de las Legislaturas provinciales. Los votos se polarizaron en los dos partidos mayoritarios, con el 77% del total de
sufragantes. La Unión Cívica Radical lograría un notable triunfo, imponiéndose en la mayoría de los distritos. El bloque oficialista aumentaría un diputado y de 129 bancas,
pasaría a tener 130, mientras el Partido Justicialista disminuyó de 111 a 102. El Partido Intransigente, liderado por el veterano dirigente Oscar Alende, aumentó de 3 a 6 y la
Ucedé y el Autonomista-Liberal de 2 a 3 cada uno.
A pesar del categórico triunfo electoral, en el año 1986 los problemas no sólo se incrementarían, sino que además éstos comenzarían a hacer mella sobre el grado de adhesión
colectiva del gobierno. Probablemente motivados por los resultados electorales, y con el objeto de ampliar las bases de sustentación social, Alfonsín decidió proyectar en los
hechos su anhelado sueño de estructurar un Tercer Movimiento Histórico, para lo cual incentivó el contacto con líderes sindicales capaces de otorgar cierta cuota de respaldo
político a su gestión. De acuerdo a ello, el presidente del bloque de diputados radicales, César Jaroslavsky, y Enrique Nosiglia, uno de sus más íntimos allegados, fueron
encomendados para actuar como enlace entre los intereses del gobierno y los del justicialismo y ciertos caudillos sindicales respectivamente.
La operación política contemplaba la designación como ministro de Trabajo del líder metal-mecánico José Rodríguez (SMATA), enrolado en el "Grupo de los 25", sector identificado
como la renovación justicialista. Aunque se trató de mantener en reserva, las negociaciones quedaron a la luz pública. Los titubeos de Rodríguez, dieron lugar a un repentino y
misterioso ocultamiento del mismo. Finalmente, al cabo de unos días, éste rechazó la propuesta, seguramente como consecuencia de presiones sindicales de sus pares, quienes en
cambio optaron por aceptar la propuesta, colocando a otro de sus hombre al frente de la cartera laboral. De ese modo, Juan Carlos Alderete, dirigente del sindicato de Luz y
Fuerza sería designado como ministro. Dicha operación, no solamente no le acarrearía ningún beneficio al gobierno, sino que además le proporcionaría una no menor erosión
política en términos de apoyo popular. Lo que en un principio estaba fundado en la necesidad de acercar posiciones entre el gobierno y la renovación justicialista, terminaría
materializado en un acuerdo entre el gobierno con la ortodoxia sindical (conocida como Grupo de los 15).
Otro hecho desfavorable también se constituyó en los primeros meses de 1986. Emanó del Poder Ejecutivo un proyecto de traslado de la Capital Federal que como consecuencia de un
deficiente esquema conceptual y una peor política comunicacional fue rápidamente sujeto al desdén y la burla general desde donde fue considerado como una obra faraónica por la
que el país no se hallaba en condiciones de llevar a cabo. El 8 de junio de 1987 se promulgó la ley 23.512 trasladando al complejo Viedma-Carmen de Patagones la Capital de la
República. El rechazo generalizado y el debate que se suscitó, hizo que el mismo nunca fuera efectivizado.
El inicio de 1987, tornaría más sombrío el panorama gubernamental. La situación crítica no sólo se presentaba en lo económico y social, sino que además evidenciaba agudos puntos
de tensión en la relación del gobierno de Alfonsín con el poder castrense, a propósito de las innumerables citaciones judiciales de la que oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Armadas resultaron objeto, como consecuencia de presuntas violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar.
La oficialidad intermedia del Ejército decidió poner fin a lo que consideraba como una endeble posición judicial. En los días previos a la Semana Santa, el 14 de abril de 1987,
se levantó el Regimiento 14 de Infantería Aeronáutica de Córdoba como consecuencia de la negativa del Mayor Barreiro a presentarse ante los fueros judiciales. El 17 frente a la
enérgica actitud del Gobierno Nacional, los rebeldes se rindieron, pero ese mismo día, la Escuela de Infantería de Campo de Mayo se sublevó al mando del teniente coronel Aldo
Rico. Se vivieron días de profunda tensión en los que no se descartaba un nuevo quiebre institucional. La sociedad civil, en defensa del sistema democrático, se volcó
masivamente a las calles y muchos, agolpados, en las puertas de los destacamentos militares sublevados, protagonizaron sucesos que amenazaban con un enfrentamiento directo con
el personal militar sublevado, dado a conocer como "carapintada" (por el tizne negro con que optaron cubrirse el rostro).
El domingo 19, El presidente Alfonsín decidió trasladarse a Campo de Mayo, foco de la insurrección, para dialogar con los cabecillas. Una Plaza de Mayo colmada por una
participación popular masiva siguió activamente el curso de los acontecimientos, hasta que Alfonsín retornó a Plaza de Mayo para comunicarle a la gran cantidad de gente reunida
que los militares involucrados en la sublevación serían detenidos y juzgados. Sin embargo, el tenor del discurso presidencial provocaría un desconcierto inicial y un posterior
rechazo, al definir a los rebeldes como "héroes de Malvinas", y el saludo de "¡Felices Pascuas!" que quedaría como síntesis de lo que se consideraría como un acto de
claudicación del poder civil.
Ambos levantamientos darían lugar al relevo del jefe del Estado Mayor del Ejército y forzarían al Ejecutivo a dar marcha atrás con los procesos judiciales a militares. A las
instrucciones impartidas a los fiscales para que cesaran las convocatorias judiciales, seguirían las leyes de "punto final" y "obediencia debida", (Ley 23.521).
Sin embargo, la presión militar no cesaría. El 18 de enero de 1988 un nuevo movimiento militar, esta vez en un Regimiento con asiento en la localidad correntina de Monte
Caseros, se alzaría nuevamente. En esta ocasión el Jefe del Estado Mayor dirigiría la represión logrando finalmente la rendición del foco rebelde. El resultado de estas
rebeliones dio lugar a la detención, en diferentes prisiones militares, de numerosos oficiales, aunque profundizó el descrédito social en relación al gobierno.
El 13 de agosto de 1987, el Poder Ejecutivo puso en marcha un plan de privatizaciones de empresas que se encontraban bajo el control del ministerio de Defensa, lo que
inmediatamente proporcionó un categórico rechazo de la oposición justicialista que blandía como alternativa un documento conocido como los "26 puntos" donde se apelaba a
alternativas propias del peronismo doctrinario.
Por su parte, el gobierno, ante los evidentes síntomas de desajuste económico y zozobra del Plan Austral, decidiría impulsar un acuerdo con ciertos líderes empresarios, que
sería conocido como "Plan Primavera" que lógicamente no resolvería ninguno de los problemas de fondo.
En septiembre de 1987, tuvo efecto un nuevo acto electoral para una nueva renovación de la Cámara de Diputados de la Nación, juntamente con la convocatoria a elecciones de
gobernadores, diputados provinciales, intendentes, autoridades municipales, y designaciones de senadores. Esta vez el resultado resultó adverso para el oficialismo. En 17
provincias venció el Partido Justicialista. La UCR en sólo dos: Córdoba y Río Negro; en Neuquén el Movimiento Popular Neuquino (Sapag) y en Corrientes, el Pacto
Autonomista-Liberal.
El final anticipado
Estas elecciones cambiarían el mapa político argentino. A partir de este momento comenzaría a hablarse de "cohabitar", aunque ninguna propuesta se haría efectiva. El gabinete
nacional presentaría en pleno sus renuncias. Alfonsín aceptó la mayoría pero confirmó al equipo económico. El ministro de Obras Públicas, Rodolfo Terragno, propondría la
desmonopolización de los servicios públicos, posibilitando la concurrencia de las empresas públicas con las del sector privado. La tenaz oposición del justicialismo impediría la
consolidación de los objetivos esperados. Terragno se presentaría ante el Senado para informar acerca de su proyecto de privatización parcial de las empresas Aerolíneas
Argentinas (con la línea aérea ZAS) y Entel (Telefónica de España).Uno de los discursos más duros contra la política en marcha, tildando al gobierno de "cipayo" sería el del
senador Eduardo Menem. Años después su cambio de postura resultaría notable...
La recesión y la inflación fueron causas primordiales que llevaron al gobierno a una situación de crisis casi insostenible. Se sucedieron ministros de Economía y feriados
bancarios y cambiarios.
Por si todos los conflictos resultaran pocos, los resultados del Congreso Pedagógico Nacional, sumados a la sanción de la ley de Divorcio Vincular, agudizarían la tensión entre
el gobierno con la Iglesia católica.
El 12 de octubre de 1988 el Presidente Alfonsín convocó a elecciones generales para el 14 de mayo de 1989, donde se elegirían presidente, vice y diputados nacionales.
En diciembre de 1988, un nuevo levantamiento "carapintada" conmovería a la opinión pública. Esta vez, la iniciativa era promovida por el Coronel Mohamed Seineldin, ex
combatiente de Malvinas y declarado fundamentalista enrolado en el integralismo más ultramontano. Una vez más el levantamiento sería sofocado, aunque siempre deteriorando el
poder político gubernamental.
La campaña electoral ya estaba en marcha. En ella irrumpía con absoluto candor, informalidad y efervescencia la figura del líder opositor Carlos Menem, gobernador de la
provincia de La Rioja, quien en el invierno de ese año había logrado imponerse a su rival en las elecciones internas justicialistas, Antonio Cafiero. Mientras tanto, el
candidato oficialista Eduardo Angeloz, gobernador de la provincia de Córdoba, vanamente intentó vertebrar un discurso por el cual trataba de desvincularse de toda referencia
oficial. Incluso llegó a solicitar públicamente la renuncia del ministro de Economía Juan Vital Sourrouille, cosa que finalmente sucedería.
El 23 de enero de 1989 Un hecho extremadamente grave asesta un golpe letal contra el gobierno de Alfonsín. Militantes del Movimiento Todos por la Patria (M.T.P.), dirigidos por
Jorge Baños y Enrique Gorriarán Merlo (ex miembro de la conducción del ERP - Ejército Revolucionario del Pueblo) asaltan el Regimiento 3 de La Tablada, en la provincia de Buenos
Aires. El asalto a la unidad militar se funda en la necesidad de contrarrestar un golpe de estado elucubrado por seguidores de Seineldín, en complicidad con sectores allegados
al candidato Carlos Menem. El episodio es sangriento. El Ejército logra reconquistar el control de la unidad con un saldo de siete militares muertos, un sargento de la policía y
28 guerrilleros, además de numerosos heridos. El líder Baños resulta abatido y Gorriarán Merlo logra escapar. El presidente Alfonsín decide concurrir personalmente, aún con el
regimiento presentando áreas con incendios sin sofocar, a los efectos de desterrar cualquier intento de ejecuciones sumarias, aunque previamente ya se habían registrado.
Numerosos participantes, entre ellos el fraile capuchino Antonio Puigjané y un grupo de jóvenes combatientes son detenidos y posteriormente condenados.
Antes de las elecciones, expresó Alfonsín: "Así apenas resuelto el golpe frustrado de Seineldín y La Tablada, comprometiendo sangre en Malvinas y salariazo en la Argentina, el
ministro de Economía reclama en Estados Unidos que no se nos exija el pago de los intereses de la deuda. El Banco Mundial suspende desembolsos comprometidos. Llega febrero:
violenta corrida contra el austral (...). Nuevo acoso, y en abril ya no hay fuerzas y se produce el aluvión". Un proceso hiperinflacionario imposible de parar.
En febrero la economía estalla. El dólar se dispara sin posibilidades de control, impactando directamente en el ingreso promedio y en el costo de la canasta económica. En esas
condiciones, al borde de estallidos sociales, 20 millones de electores concurrieron a las urnas. El porcentaje de votantes fue del 85,34%. El FREJUPO, con la fórmula Carlos Saúl
Menem-Eduardo Duhalde, obtuvo el 47,49%, 7.953.301 votos. La Unión Cívica Radical, el 32,45%, con Eduardo Angeloz-Juan Manuel Casella, 5.433.369 votos. Álvaro Alsogaray-Alberto
Natale, 1,150.603 votos. En diputados nacionales: FREJUPO, 67 bancas; UCR: 42; Alianza de Centro, 9; Confederación Federalista Independiente, 3; y la Izquierda Unida, 1
diputado. En total: 127 legisladores.
En mayo y julio de 1989 la inflación llega al 200%. Se produjeron diversos saqueos, tumultos, y situaciones violentas difíciles de controlar. El Congreso, por ley 23.662,
declara el estado de emergencia social, ratificando el estado de sitio decretado por el Ejecutivo el 29 de mayo de 1989.
Los electo presidente y vicepresidente debían asumir el 10 de diciembre. Sin embargo, la imposibilidad de seguir gobernando lleva al presidente Alfonsín a acortar su período en
seis meses. Con el ministro Terragno como enlace entre el gobierno y el gobernador riojano electo presidente se acuerda como fecha al 8 de julio de 1989 para la transmisión del
mando.
Alfonsín comenzaría el texto de su renuncia de este modo: "Mi conciencia exige que intente atemperar los sacrificios del pueblo mediante el mío personal, sin provocar demoras
que puedan entorpecer la transición entre dos gobiernos igualmente democráticos (...); por ello he decidido resignar, al 8 de julio de 1989".
Asumiría Carlos Saúl Menem y Eduardo Duhalde como presidente y vicepresidente respectivamente. Un nuevo ciclo histórico comenzaría.
